San Juan de la Maguana, República Dominicana — Durante un operativo de control vehicular efectuado por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), fue arrestada Sandra Gómez Soñé, ciudadana dominicana, quien trasladaba a dos mujeres de nacionalidad haitiana en condición migratoria irregular.
El incidente se produjo en la salida de Las Matas de Farfán, en dirección hacia San Juan de la Maguana, cuando las autoridades interceptaron una camioneta tipo Toyota Runner, de color gris y placa G507398. Tras la verificación correspondiente, se constató que las extranjeras carecían de documentación legal que acreditara su estatus en el país.
Posteriormente, las inmigrantes fueron trasladadas bajo custodia militar a la Fortaleza General Pedro Florentino, desde donde fueron entregadas a la Dirección General de Migración (DGM) para iniciar el proceso de repatriación.
Sandra Gómez Soñé será presentada ante el Ministerio Público para enfrentar cargos relacionados con el transporte ilegal de extranjeros, conforme a lo estipulado en las leyes migratorias vigentes.
La problemática de la inmigración irregular, especialmente de ciudadanos haitianos, constituye un desafío histórico para la República Dominicana. Se estima que más de 500,000 haitianos indocumentados residen actualmente en el país.
Sin embargo, organizaciones civiles y testimonios comunitarios han denunciado irregularidades dentro del proceso de deportación, apuntando a prácticas de corrupción que incluyen el cobro de sobornos, para evitar la detención o deportación de inmigrantes ilegales.
Aunque tradicionalmente el traslado de militares a puestos fronterizos era visto como una medida disciplinaria, actualmente dichos puestos son considerados estratégicos debido a las oportunidades de obtener beneficios económicos ilícitos mediante la operación de retenes que funcionan como "peajes" clandestinos.
La inacción frente a estos hechos compromete seriamente los esfuerzos del Estado para aplicar sus políticas migratorias y salvaguardar la seguridad nacional, además de impactar los servicios públicos de salud y educación, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población dominicana.
Mientras persistan la corrupción y el tráfico ilegal de personas dentro de las mismas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, los avances en materia de control migratorio corren el riesgo de ser neutralizados, perpetuando así una crisis que afecta tanto la soberanía nacional como la estabilidad social.
