El hallazgo del cuerpo sin vida de María Fernanda López Rodríguez, una mujer de 42 años originaria de Cuenca, Ecuador, ha generado gran consternación en la ciudadanía. El cadáver fue localizado el pasado 2 de mayo de 2025, dentro de su departamento ubicado en el tradicional barrio San Marcos, en el Centro Histórico de Quito.
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El informe forense determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, y se estima que el fallecimiento ocurrió al menos 48 horas antes del hallazgo.
La alerta sobre su desaparición fue emitida por su pareja sentimental, quien había perdido contacto con ella desde el domingo 27 de abril. Ante la ausencia de respuesta, decidió acudir a las autoridades.
Agentes del Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de San Marcos ingresaron al inmueble en compañía del denunciante, y confirmaron el lamentable escenario.
Efectivos de Criminalística llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo e iniciaron la recolección de indicios en el sitio para avanzar con las diligencias correspondientes. La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado se encuentran a cargo de la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Los allegados de la víctima expresaron su dolor y frustración a través de redes sociales. Su madre escribió un emotivo mensaje el mismo día en que se confirmó el deceso: “Aunque estés lejos, tu amor siempre estará en nuestros corazones. Descansa en paz, mi amada hija”.
El sepelio se llevó a cabo entre el 3 y 4 de mayo en la ciudad de Quito, acompañado por pedidos públicos de justicia.
Posteriormente, la hermana de la fallecida difundió un video en redes sociales con el mensaje: “Justicia por mi hermana, ni una menos”, exhortando a las autoridades a que no permitan que este crimen quede sin resolver.
Los familiares de María Fernanda López han solicitado formalmente a la Fiscalía una investigación exhaustiva y transparente para determinar las circunstancias exactas de su muerte y dar con los responsables.
Su caso ha sido compartido ampliamente en plataformas digitales, sumándose a las demandas sociales que exigen garantías efectivas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.